Cuando hablamos de violencia ácida, nos referimos a un tipo de agresión con altísima carga simbólica, que al dejar huella en el cuerpo o rostro desfigurado de la víctima, busca dejar una marca de odio de por vida.
El ácido y otras sustancias abrasivas son utilizadas en muchos países como un arma con la que se ataca a una mujer con la intención de causar sufrimiento físico o la muerte, pero también también para imponer una condena social que la acompañe de por vida, al mirarse al espejo, al ser observada, por eso es considerada «la marca de la posesión».
Este mes de junio, la diputada local de Guerrero Gloria Citlali Calixto Jiménez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal del Estado, para incluir a la violencia ácida como un tipo de violencia que provoca lesiones y causa daño físico irreversible a la mujer.
La iniciativa propone adicionar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que se contemple la “violencia ácida” como el uso de cualquier tipo de agente o sustancia química, corrosiva, tóxica, inflamable, incluyendo álcalis, ácidos, irritantes, líquidos a altas temperaturas, medicamentos, drogas, gases o cualquier otra sustancia que provoque lesiones, que causen daño físico irreversible o discapacidad a una mujer.
La propuesta plantea, además, considerar este tipo de violencia como una forma de tentativa de feminicidio, en casos en que las lesiones provoquen daños graves en el cuerpo de la mujer, como la resección parcial o total de las mamas, alteraciones en el aparato genital, en las funciones de reproducción sexual, así como daños en órganos, extremidades, sentidos y capacidades laborales de forma permanente.
En la iniciativa que fue turnada a las Comisiones Unidas de Para la Igualdad de Género y de Justicia, la diputada de Morena refirió que aunque en el país se han registrado diversos casos, es difícil dimensionar la verdadera magnitud y prevalencia de esta problemática, ya que las víctimas evitan denunciar por vergüenza o miedo, además de que la carencia generalizada de una legislación y un sistema de justicia adecuados se traduce en una continua impunidad.
A nivel nacional esta iniciativa conocida como “Ley Malena” se ha presentado en diversos Congresos locales, y el pasado 24 de mayo se presentó en el Senado de la República, planteando un periodo específico para que los congresos pendientes legislen en la materia.
Como parte de las acciónes para promover la Ley Malena, la activista oaxaqueña María Elena Ríos Ortíz, participó en el foro Legislando contra la Violencia Ácida, realizado en la sala José Francisco Ruíz Massieu.
La Ley Malena propone castigos de hasta 17 años de prision y una agravante cuando la agresión se realiza por razón de género para que la pena alcance hasta 21 años y cuando se acredite la relación entre víctima y victimario.
Más rigor contra deudores alimentarios
Por su parte la diputada Flor Añorve Ocampo (PRI) presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Guerrero para incorporar como requisito la presentación del Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias a quienes aspiren a ocupar cargos de elección popular o fungir como jueces, magistrados, auditor superior, integrante del Consejo de Políticas Públicas, consejo de la Judicatura o defensor general del Instituto de la Defensoría.
