En México, cuidar es una labor que se ha hecho pasar por amor, pero que en realidad sostiene al país entero. La política de cuidados —ese conjunto de acciones públicas que busca garantizar el derecho de todas las personas a cuidar, ser cuidadas y cuidar de sí mismas en condiciones de dignidad— ha comenzado a colarse en las discusiones legislativas y gubernamentales, aunque aún a paso lento. Este concepto pone en el centro algo que por siglos se consideró «natural» en las mujeres: encargarse del hogar, de la infancia, de las personas mayores o enfermas, sin paga, sin descanso y sin reconocimiento.
Nuestro contexto mexicano es complejo. Según datos del INEGI, las mujeres dedican en promedio 40 horas semanales al trabajo no remunerado del hogar y los cuidados, el equivalente a una jornada laboral extra que no aparece en ningún contrato ni genera seguridad social. A esto se suma que la infraestructura pública para apoyar estas tareas —como estancias infantiles, centros de día para personas mayores o servicios de salud accesibles— es escasa o insuficiente, especialmente en zonas rurales y marginadas.
La política de cuidados, por tanto, no solo es urgente: es estructural. Su implementación efectiva podría transformar radicalmente la vida de millones de mujeres y redistribuir, por fin, la carga histórica de los cuidados.
El Congreso de Jalisco ha expedido la Ley del Sistema Integral de Cuidados, donde se reconoce a los cuidados como cuarto pilar del desarrollo y bienestar social y busca garantizar el reconocimiento, reducción y redistribución de los cuidados, así como las condiciones dignas para todas las personas involucradas.
En Guerrero
A inicios de este mes de abril, Las diputadas Erika Lorena Lührs Cortés (MC) y Deyanira Uribe Cuevas (MC) propusieron reformar el artículo 5º de la Constitución Política del Estado de Guerrero en materia del Sistema Estatal de Cuidados.
Al dar a conocer la iniciativa, la diputada naranja argumentó que en México más de 58 millones de personas necesitan de algún cuidado, representando el 46.2 por ciento de la población, de los cuales 35.7 millones son de infancia y adolescencia y 17 millones adultos mayores, por lo que se estima que existen 31.7 millones de personas cuidadoras, de las cuales 75 por ciento son mujeres que dedican 38 horas a la semana, mientras que los hombres cuando son cuidadores, sólo 25.
Hacia un Sistema Estatal de Cuidados
Durante su exposición la legisladora señaló que en Guerrero hay 669 mil personas con discapacidad y 433 mil adultos mayores, estimando que el trabajo doméstico y de cuidados recae fundamentalmente en las mujeres como una labor tradicionalmente femenina.
Por eso, consideró que se debe contar con un ordenamiento que cree un Sistema Estatal de Cuidados con participación del Estado, sector privado y sociedad, garantizando infraestructura y servicios de cuidado, accesibles y de calidad, que brinde apoyos económicos y laborales a personas cuidadoras, impulsando corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el hogar e incluyendo la perspectiva de género en las políticas públicas.
Con esta iniciativa, se propone crear un padrón de cuidadoras y cuidadores, que sea cruzado con el resto de los programas sociales, que sea una iniciativa transversal y se otorguen apoyos laborales y de infraestructura, es decir, mejor que el sistema de salud, a las escuelas de tiempo completo, más guarderías, lugares donde los adultos mayores tengan actividades.
Cabe destacar, que en la anterior legislatura, la entonces diputada local morenísta Beatriz Mojica Morga propuso una reforma a la constitución política local para establecer el «derecho a los cuidados» a fin de garantizar la dignidad humana, justicia social, igualdad de oportunidades, apoyo a grupos vulnerables, desarrollo sostenible y el bienestar colectivo de la población guerrerense, a través de sistemas de cuidado como un servicio público universal, accesible, idóneo, pertinente, suficiente, oportuno y de calidad.
Si bien la propuesta de Mojica, planteada el mes de junio de 2023 no enfatiza en la eliminación de los cuidados como una obligación inherente a las mujeres, en aquella ocasión la iniciativa quedó en la palestra y casi dos años después, el tema regresa al legislativo local abanderado por el Partido de Movimiento Ciudadano y la iniciativa ha sido turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis.
