El aparato de justicia es ineficaz y existen muchos huecos por los que los delincuentes pueden colarse. En otras palabras, está podrido.
Un hombre poderoso y acaudalado, acostumbrado a hacer su voluntad en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en el Poder Judicial desde hace décadas, no iba aceptar su derrota fácilmente.
Quien se siente emperador, también se cree intocable. Ese es el caso de Eduardo López Betancourt, por eso desestima la importancia de estar vinculado a un proceso penal por hostigamiento sexual agravado.
Acostumbrado a maltratar a sus alumnos y a hostigar a sus alumnas, todo impunemente hasta ahora, no es extraño descubrir que también es la clase de sujeto que cuando pierde arrebata. Así, ahora se ha buscado un juez a modo -hay muchos en el Poder Judicial y la sociedad lo sabe-, para obtener una suspensión contra los actos que interrumpieron su presencia en la Universidad, en la Facultad de Derecho y en el Tribunal Universitario.
La suspensión es un absurdo jurídico y una burla a la ley, porque la tramitó y obtuvo en un juzgado laboral, donde combatió actos de carácter administrativo, pues nunca fue despedido (solo estaba suspendido) de la Universidad. Nunca se afectaron sus derechos laborales ni se retuvo su salario y sin embargo, el juez decidió ordenar su reinstalación aun cuando no hay despido.
El juez de Distrito que otorgó esa suspensión, Gabriel Domínguez Barrios, por cierto de Iguala Guerrero, debe ser investigado inmediatamente por el Consejo de la Judicatura Federal, porque al dar entrada y tramite a un asunto fuera de su materia de competencia, se hizo cómplice de una chicana, en perjuicio de mi persona, para violentar las medidas cautelares dictadas para protegerme, impuestas en el juicio penal que se sigue contra López Betancourt, juicio por hostigamiento sexual agravado.
Así que el juez Domínguez Barrios es, a partir de ahora, no solo responsable de haberse inmiscuido negativamente y sin sustento legal, en un asunto que entraña riesgos de violencia de género, también es corresponsable de cualquier agresión en mi contra, molestia a mi persona y violación a mi seguridad, pues le ha dado a mi agresor un pase de acceso a la UNAM para que pueda seguir violentándome.
De la Rectoría de la UNAM no me extraña el tibio comunicado en el que advierte que acatará el mandato del juez y con ello desatenderá, en perjuicio mío, las medidas cautelares dictadas por otro juez. Durante dos años busqué al rector Enrique Graue y a su abogada general, Mónica González Contró, para que me ayudaran y me protegieran. Nunca recibí de ellos ni siquiera la cortesía de recibirme y escucharme. Ellos, me queda claro, no tienen empeño y esmero por la protección y salvaguarda de la integridad de la comunidad universitaria, y también pueden ser corresponsables de lo que pueda ocurrirme.
Por mi parte, ya trabajo para promover un incidente en el que se me reconozca como tercera interesada, condición desde la cual exigiré la revocación de esa ilegal suspensión (amparo).
La soberbia de mi agresor no tienen límite. Hay que tener la cara muy dura para no darse cuenta de que su conducta fue y sigue siendo reprobable, por más suspensiones que tramite y consiga. Al final, Eduardo López Betancourt, pese a todos los años de profesor de que se ufana, será recordado en la vida universitaria por haber arrastrado por el fango el nombre de la universidad, por haber sido el primer presidente del Tribunal Universitario llevado a juicio por hostigamiento sexual y, si la justicia prevalece, destituido por ser el principal acosador sexual en la UNAM.
