La ley 3 de 3 que busca establecer candados para evitar que accedan al servicio público quienes sean deudores alimenticios, hayan cometido abuso sexual o cualquier otro tipo de violencia contra las mujeres, fue avalada por diputadas y diputados de la LXIII legislatura de Guerrero.
En el dictamen se menciona que diversos movimientos organizados demandan una actuación firme y contundente por parte del Estado, evitando el empoderamiento de las personas que ejercen violencia en contra de otras.
Refiere que estas manifestaciones de violencia, en particular contra las mujeres, se presentan en todos los ámbitos sociales, económicos y políticos por parte, y entre los agresores están servidores públicos y autoridades con responsabilidades políticas y legales.
En ese sentido, se considera necesario reforzar la legislación para que quienes ocupen cargos públicos en cualquiera de los tres poderes u otros órganos del estado no cuenten con antecedentes de violencia ni sean deudores alimentarios morosos.
“Se trata de que los servidores públicos, en razón de las funciones que llevan a cabo, sean ejemplo para la sociedad y comprueben la idoneidad para desempeñar su labor, ya que el servicio público implica ofrecer un trato digno y respetuoso a todos los usuarios y tiene una connotación profundamente humana, pero también ética”, subraya.
Con estas reformas se garantiza que toda persona que se postule o acceda a un cargo, empleo o comisión pública cuente con un perfil orientado a respetar la vida, la salud, libertad, seguridad y el normal desarrollo sexual de las personas, los derechos político-electorales de las mujeres, y el derecho a los alimentos de los menores.
Fijó postura la diputada Angélica Espinoza García por el Grupo Parlamentario de Morena, señalando que la Ley 3 de 3 cumple un propósito redondo, al proteger la integridad física y psicoemocional de las mujeres y limitando la incursión de agresores en cargos de elección popular y empleos de gobierno, lo cual será crucial en el actuar político y distinguirá la ética de quienes aspiren a los mismos.
Por su parte la diputada del PRI, Julieta Fernández Márquez, dijo que es de gran relevancia que el Congreso de Guerrero se sume a los más de 17 estados que han avalado la reforma a la Constitución Política en materia de suspensión de derechos políticos, ya que coadyuvará al respeto y salvaguarda de la integridad de las mujeres en el proceso electoral de 2024.
