La Ley 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres se volvió una realidad en materia electoral y por mandato de ley en Guerrero, el respeto a las mujeres se vuelve oficialmente un requisito para acceder a candidaturas de representación proporcional y a cualquier espacio del servicio público.
Al fundamentar el dictamen de ley que ratifica esta reforma, el diputado local de Guerrero Jesús Parra García refirió que estas adecuaciones surgieron de una lucha y reclamo de varios sectores de la población, y que sin duda tendrán gran insidencia en el proceso electoral 2023-2024.
Al razonar su voto a favor del dictamen de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, la diputada Gabriela Bernal Reséndiz señaló que los derechos ganados por las mujeres y los grupos minoritarios representan un avance en la construcción de una democracia paritaria e inclusivas, y también para que los espacios de poder se blinden ante los agresores de niñas y niños.
Subrayó que se debe ser congruentes con esta generación y las que vienen, y ser justos con quienes han sido oprimidos y violentados durante muchos años, con miras a construir una nueva sociedad.
Razonó también a favor por el Grupo Parlamentario de Morena la diputada Angélica Espinoza García, dijo que hoy Guerrero ocupa el primer lugar en prevalencia de violencia en el ámbito familiar, con un 15 por ciento, y en las relaciones de pareja con un 47.6 por ciento, por eso la relevancia de que el Congreso local legisle para cerrar espacio a los violentadores con aspiraciones políticas, garantizando en todo momento los derechos humanos de las mujeres.
Los aspirantes a cargos de elección popular, no deberán tampoco estar inscritos en ninguno de los registros nacional, estatal o de otra entidad federativa como deudores alimentarios, ni ser personas sancionadas o inhabilitadas para el servicio público.
También en esa sesión, aprobaron reformas y adiciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero para que los partidos políticos postulen como candidatos a personas de la población LGBTTTIQ+ en cualquiera de los 28 distritos electorales y dentro de las nueve primeras posiciones, además de una fórmula de personas con discapacidad.
Con estas reformas se establece, además que el aspirante a candidato no deberá tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra el libre desarrollo de la personalidad, contra la libertad sexual y el desarrollo psicosexual, contra la libertad personal, ni delitos cometidos en contra de un integrante de la familia, ni por discriminación contra la dignidad de las personas.
