La agresión del presidente municipal de Alcozauca, Sebastián Ortiz Zayas contra su esposa, la presidenta del DIF municipal, Rosalía Díaz Caballero este fin de semana desató condenas y la exigencia de un proceso legal con perspectiva de género, mismo que es una obligación para el estado mexicano.
Integrantes de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, conformada por colectivas, activistas y defensoras de derechos humanos exigieron el desafuero del alcalde de extracción perredista al advertir que «ningún agresor debe ocupar cargos públicos» y luego de la justificación que el propio presidente municipal hizo ante reporteros de Tlapa por la violencia ejercida contra su pareja, mencionando que “los golpes son normales dentro del matrimonio”.
Esto, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que inició una carpeta de investigación por violencia familiar ante la denuncia interpuesta en la Agencia del Ministerio Público especializado en delitos sexuales con sede en Tlapa, en la región de la Montaña.
La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) hizo un llamado a las autoridades a aplicar los protocolos de investigación con perspectiva de género, realizar una investigación pronta, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a agilizar el esclarecimiento de los hechos de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales.
“Investigación que debe hacerse con perspectiva de género, enfoque interseccional e intercultural que garantice su derecho de acceso a la justicia pronta, completa, imparcial y gratuita como lo mandata el artículo 17 de nuestra Carta Magna”, señala el comunicado difundido este martes 13 de septiembre.
A su vez la Secretaría de la Mujer (Semujer) del estado rechazó cualquier forma de violencia contra las mujeres “venga de quien venga”, e hizo un llamado a las instancias correspondientes para que garanticen los derechos de las mujeres víctimas de violencia. Informó que a través de sus áreas correspondientes brindó atención psicológica, jurídica y acompañamiento a la víctima.
La denuncia ocurrió cinco días después de la puesta en marcha de la segunda fase de la estrategia Spotligth en Guerrero, campaña conjunta de la Unión Europea, las Naciones Unidas y los gobiernos federal y estatal, orientada a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas.
Postura del partido ante la violencia de género
En contraste, la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD pidió no politizar las acusaciones de agresión del alcalde contra su esposa por tratarse de un “asunto entre particulares” y que haya una investigación pronta, apegada al debido proceso y en caso de que resulte responsable se aplique la ley.
“Advertimos que este asunto entre particulares, no se debe politizar, porque esto ocasionaría una revictimización de la denunciante, por tanto, debe resolverse con la discreción de las instancias competentes”, señala el comunicado difundido en sus redes sociales.
Los datos de la Endireh sobre violencia intrafamiliar
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2021, actualizada el 30 de agosto pasado, Guerrero es la entidad con mayor porcentaje de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, seguida de Ciudad de México y Querétaro.
En el panorama nacional de la encuesta, el 70.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más ha experimentado, al menos, una situación de violencia a lo largo de la vida. La violencia psicológica fue la de mayor prevalencia con el 51.6 por ciento, seguida de la violencia sexual que representa el 49.7 por ciento. En el ámbito comunitario es donde viven mayor violencia con el 45.6 por ciento, seguido de la relación de pareja que representa el 39.9 por ciento.
