El proceso interno en los dos bloques políticos entra en su recta final. Mientras del lado oficialista el fiel de la balanza se inclina hacia Claudia Sheinbaum como su abanderada para la elección presidencial de 2024, en el bloque opositor Xóchitl Galvez muestra una ventaja inmune al golpeteo mediático desde Palacio Nacional según los resultados de diversos estudios de opinión del mes de agosto.
A inicios del mes de agosto, la guerra mediática entre Xóchitl Galvez y Andrés Manuel López Obrador anota una nueva batalla a favor de la senadora panista después de que un juez de amparo ordenó al Presidente, Andrés Manuel López Obrador, abstenerse de realizar cualquier manifestación, declaración, comunicado o publicación contra Xóchitl Gálvez Ruiz.
Según un comunicado difundido por el equipo de la senadora, la autoridad federal demandó a López Obrador que deje de exhibir la situación financiera, fiscal, empresarial, bancaria o cualquier tipo de aspiración política o personal que pudiera tener la panista.
En el mes de julio, el Instituto Nacional Electoral (INE) también ordenó retirar conferencias mañaneras en las que el presidente López Obrador hizo declaraciones sobre Xóchitl Gálvez, en este caso porque pueden incluir violencia política en razón de género.
En la sentencia emitida a inicios del mes de agosto, un juez también exigió eliminar las declaraciones, contenidos y comunicaciones audiovisuales de las conferencias “mañaneras” de los días 3, 4, 5, 7 y 14 de julio de 2023.
De igual forma, ordenó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Servicio de Administración Tributaria, a la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores abstenerse de proporcionar información sobre la situación financiera, fiscal, empresarial y bancaria de Gálvez Ruiz, si no se solicita de acuerdo con la legislación aplicable.
En el juicio, Xóchitl Gálvez reclamó las “declaraciones imputando hechos y haciendo calificaciones que van en perjuicio de los derechos humanos”.
El equipo de Gálvez recalcó que el Presidente y el gobierno federal difundieron un documento con información fiscal de los clientes de las dos empresas con las que se relaciona a Gálvez Ruiz.
En el mensaje fueron difundidos los domicilios fiscales, su actividad económica, los nombres de las personas físicas que los representan, una relación de sus ingresos comerciales, sus depósitos en efectivo, sus gastos comerciales, su nómina pagada y su declaración de ingresos.
La legisladora ha denunciado que, con la publicación, el Presidente violó el secreto fiscal y sus conductas pueden ser constitutivas de uno o más delitos contemplados en el Código Penal Federal, el Código Fiscal de la Federación y la Ley de Instituciones de Crédito.
